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Repsol demandaría a Argentina por US$10.500 millones

Comisión Europea (CE) suspendió reunión del comité conjunto UE-Argentina para abril.

"Debido al clima que se ha creado por esta situación, la Comisión Europea y la alta representante (de la política exterior, Catherine Ashton) han decidido posponer la reunión del comité conjunto UE-Argentina que estaba previsto para los días 19 y 20 de abril" en Buenos Aires, señaló Pia Ahrenkilde, portavoz del Ejecutivo comunitario, en la rueda de prensa diaria.
"Entendemos que la expropiación que se planea en este caso es ilegal si tiene lugar sin una compensación justa, adecuada y pronta", agregó la portavoz.
Poco antes, Repsol había indicado que reclamará a Argentina, de al menos, 10.500 millones de dólares (8.000 millones de euros) por su participación en YPF, compañía a la que otorga un valor total de 15.800 millones de dólares, en virtud de la Ley de Privatización y los Estatutos de YPF.
La compañía española entiende que para llevar a cabo la expropiación del 50,1 por ciento de la compañía, el Gobierno del país austral debería lanzar una OPA (oferta pública), explicó en una multitudinaria rueda de prensa el presidente de Repsol, Antonio Brufau.
La CE estudia el proyecto de ley que la presidenta argentina, Cristina Fernández, envió este lunes al Congreso para expropiar YPF para "determinar en estrecha consulta y en contacto con las autoridades españolas el próximo paso a dar y analizar todas las posibles opciones que están a disposición" de Madrid y de la UE, explicó la portavoz.
El comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, enviará además una carta a su homólogo argentino, el ministro del ramo, para expresarle la "seria preocupación" de la Comisión por el anuncio del Gobierno argentino, indicó Ahrenkilde.
El presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, que ha seguido de cerca el asunto y que ha estado en contacto con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se mostró poco antes "seriamente decepcionado" con la decisión de argentina.
Asimismo, instó al Gobierno del país austral a respetar sus compromisos y obligaciones internacionales, especialmente aquellos que resultan del acuerdo bilateral sobre la protección de inversiones con España.
Barroso les pidió a los servicios de la Comisión Europea que sigan de cerca este asunto y que le den máxima prioridad.
Ahrenkilde recalcó en la rueda de prensa diaria que YPF representa "una importante inversión" de la Unión Europea (UE) en Argentina y la expropiación anunciada "envía una señal muy negativa a los inversionistas internacionales, que buscan por supuesto estabilidad y previsibilidad para sus inversiones".
La medida del Gobierno de Cristina Fernández, reiteró la portavoz, "puede dañar seriamente el clima de negocios en Argentina" y "crea inseguridad jurídica, no solamente para la empresa española Repsol, sino también para otras compañías de la UE".
Por todo ello, la Comisión Europea pidió enérgicamente al Ejecutivo argentino que garantice el cumplimiento del país con los acuerdos internacionales que ha suscrito.
LAS RAZONES DE ARGENTINA
Argentina intervino la petrolera YPF y buscará expropiar un 51 por ciento de la empresa controlada por la española Repsol-YPF, una decisión que acentúa la presencia estatal en la economía y disparó un conflicto con Madrid, que amenazó con represalias.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció entre aplausos que enviará al Congreso un proyecto para expropiar la mayoría de YPF, la empresa más grande del país, a la que culpa por una caída en la producción de hidrocarburos que obliga a realizar importaciones y erosiona el superávit comercial.
"YPF es de todos, quiero que lo tengamos muy claro", dijo Fernández en un discurso por cadena nacional. Según legisladores y gobernadores, el Congreso aprobaría rápidamente la propuesta, que Fernández dijo que busca darle al país libertad para decidir su política energética y recuperar un perdido autoabastecimiento.
La mandataria detalló que las acciones que se buscan expropiar son exclusivamente las que tiene Repsol-YPF y no la de otros socios privados.
Ante ese anuncio, el Gobierno de España dijo que interpreta la decisión como "un gesto hostil".
"El Gobierno condena con absoluta energía la arbitraria decisión de Argentina de expropiar las acciones de Repsol en YPF", dijo el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, tras una reunión de urgencia con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Habrá consecuencias", agregó.
Previamente Fernández dijo que no respondería lo que calificó como amenazas hechas desde España.
"Esta Presidenta no va a contestar ninguna amenaza, no va a responder ningún exabrupto, no se va a hacer eco de la falta de respeto ni de frases insolentes, porque represento a los argentinos, soy una jefa de Estado, no una patotera (matona)", dijo.
Repsol-YPF tiene un 57,4 por ciento de YPF, mientras que el Grupo Petersen, el mayor accionista local y perteneciente a la familia local Eskenazi, posee un 25,4 por ciento. La firma española dijo que considera 'ilícita' la decisión del gobierno argentino.
PÉRDIDA DE VALOR BURSÁTIL
La capitalización total actual de YPF es de unos 46.765 millones de pesos, o 10.640 millones de dólares al tipo de cambio oficial, según datos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
La firma ha perdido más de 4.000 millones de dólares de valor de mercado en lo que va del año.
La ley de expropiación de Argentina prevé, como primera instancia, un acuerdo entre las partes sobre el valor a pagar. Sin un acuerdo, se avanza a un proceso judicial en el que un magistrado pide al Estado que fije el precio de la transacción.
Goldman Sachs dijo en un informe que no está claro cuánto pagará el Gobierno por el 51 por ciento de YPF y si el resto de sus accionistas estarían dispuestos a continuar como minoritarios.
Los bonos de la deuda soberana de Argentina aceleraron levemente su caída tras el anuncio.
Analistas afirman que esto es una radicalización en la política del gobierno argentino en estatizaciones.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS
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