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Víctimas de Antioquia luchan por la memoria

Los familiares de secuestrados y desaparecidos piden a los grupos armados razón de sus parientes.

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09 de abril 2012 , 08:33 a.m.

Lo único que ha sabido Aurora Rodríguez en los últimos 16 años de su hijo Éver Darío Montoya es que el 19 de abril de 1996 unos guerrilleros lo obligaron a bajarse de un bus en la vía que conecta a Dabeiba (norte) con Chigorodó, en Urabá.

Éver tenía 18 años y estaba prestando servicio militar en Carepa. Ese día había recibido una licencia para visitar a su familia. Pero nunca llegó.

"Yo sé que se lo llevaron las Farc. Lo que más me duele es que esas personas nunca me han contactado y no sé si está vivo o muerto", dice Aurora mientras las lágrimas recorren sus mejillas.

A pesar de todo el tiempo que ha pasado, la mujer de 73 años no pierde la esperanza de verlo con vida. En las noches, cada vez que alguien toca la puerta de su casa, ella cree que es el "niño" quien volvió al hogar.

"A veces pienso que si después de que lo secuestraron se hubiera vuelto guerrillero aun estaría vivo. Pero nadie nos dice nada", lamenta.

Lo único que le pide la madre al grupo insurgente es que, si aun está con vida, lo liberen y sino que le digan donde enterraron el cuerpo para terminar con su karma."Ojalá no sigan destrozando el alma de las madres", expresa.

Una tragedia similar vive Rafael Ángel Castrillón, padre del soldado Ferney Castrillón, quien desapareció el 17 de diciembre de 1989.

"Yo todavía no sé si lo secuestraron o lo mataron. El Ejército me ha dado varias versiones, la primera que mi hijo era un guerrillero y que se fue para el monte, la segunda, y la más falsa, es que nunca prestó su servicio militar, pero yo tengo el certificado del juramento de bandera. La última es que se evadió del batallón. Dónde está entonces", se pregunta el padre.

Don Rafael piensa que el Estado no ha querido responder por la desaparición de su hijo. Se basa en el fallo de la Justicia en el que le dijeron que el Estado no es responsable de Ferney porque él mismo tomó la decisión de desaparecer.

Rafael y Aurora hacen parte de las diez familias de militares antioqueños que fueron secuestrados o que desaparecieron presuntamente en manos de las Farc. 

Según la fundación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, además de los miembros de la Fuerza Pública, el grupo guerrillero tiene en su poder a cinco civiles. 

"Sentimos como si al Gobierno o a las otras organizaciones solo le importaran los secuestrados de Bogotá. Cómo es posible que por los soldados rasos se hable tan poco", se quejó Teresita Gaviria, directora de Madres de la Candelaria.

Por eso hoy, en el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas esa organización, junto a familias de secuestrados y desaparecidos, exigirán a los grupos armados que les den alguna razón de sus seres queridos. Mientras tanto, don Rafael y doña Aurora seguirán con la angustia -o muriendo en la soledad de sus casas- preguntándose qué pasó con la vida de sus hijos.

En el departamento  se siguen violando Derechos Humanos

De las 89.750 personas desplazadas en Colombia durante el primer semestre del 2011, 34.333 fueron en Antioquia. Esta cifra lo convierte en el departamento con más desplazados en el país. Así consta en el informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) del año pasado.

Medellín fue la ciudad con más recepción de esas víctimas, con 14.902. Seguido por Bogotá donde llegaron 11.215 personas. A Amalfi y Anorí, Nordeste del departamento, arribaron 11.865. El municipio con mayor número de desplazamientos forzados fue Tarazá con 3.132 personas.

La capital antioqueña no se salvó del flagelo. Según la Personería de Medellín 8.434 personas fueron obligadas por combos y bandas criminales a salir de sus hogares hacia otras zonas de la ciudad. De estas, 3.307 fueron mujeres. Los niños son las principales víctimas: solo en 2011 fueron desplazados junto a sus familias 2.624 menores de 10 años.

Por otro lado, a la Personería también le preocupa la situación de la Ley de Verdad, Justicia y Reparación. Para el Ministerio Público el Estado debe fortalecer los instrumentos jurídicos que ayuden a esclarecer las desapariciones forzadas perpetradas por grupos ilegales.

Y es que, según datos de la fundación Madres de la Candelaria, en el departamento hay 1.156 desaparecidos.  Las cifras de la Fiscalía General de la Nación revelan que hasta octubre del 2011 se habían hallado en el país 307 fosas comunes con 4.336 cuerpos de desaparecidos. De esos, 745 estaban en Antioquia, pero el mayor inconveniente que han encontrado las autoridades está en la identificación: hasta octubre del 2011 solo se sabían los nombres de 300 personas.

Por su parte, en Medellín hubo -según la Personería- 199 desapariciones forzadas el año pasado. Otro de los temas que preocupa en la ciudad es la situación de los defensores de Derechos Humanos pues 93 líderes sociales han sido víctimas de intimidaciones . 

Todos los datos corroboran que, pese a los esfuerzos de los Gobiernos territoriales y el Nacional, falta mucho para defender y proteger a las víctimas y a sus líderes. 

Yeison Gualdrón
Redactor de EL TIEMPO