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Militares de la guaca millonaria, a punto de quedar sin cargos

Autoridades pidieron absolver a 147 militares investigados por quedarse con tesoro de las Farc.

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31 de marzo 2012 , 07:57 p.m.

El próximo 20 de abril, la Juez Penal Militar Karinza Guerrero le debe poner punto final a uno de los capítulos más sorprendentes y polémicos en la historia del conflicto en el país: luego de más de ocho años de juicio definirá la suerte de los 147 uniformados que en la Semana Santa del 2003 se encontraron la millonaria guaca de las Farc.

Hace nueve años, cuando estalló el escándalo, sobre los miembros de las compañías Buitre y Demoledor se venía una condena de entre seis y de diez años, que de hecho estuvo en firme por 10 meses. Pero la historia de la 'Guaca' -que dio para una película y una serie de TV- podría terminar sin villanos. (Lea también: Ejército lanzó operación para ubicar a militares que desaparecieron buscando una guaca)

En una decisión tan inusual como los hechos investigados, la Fiscalía militar, que inicialmente acusó a los uniformados y buscó su condena, pidió su absolución. La Procuraduría respaldó esa petición, lo que prácticamente no le dejaría otra opción a la Juez que declararlos inocentes. (Lea también: "La guaca era un sueño que se volvió la mas terrible pesadilla")

Fiscalía argumenta que la plata de la guaca, que apareció enterrada en un paraje de las selvas del Caquetá, no era del Estado y que aunque todo el mundo sabe que era de la guerrilla, oficialmente no se pudo identificar el dueño. Por eso se cayó la acusación por peculado. Además, la misión de los militares era rescatar a tres secuestrados (los contratistas estadounidenses cuya avioneta fue derribada algunos días antes del episodio de la guaca) y no incautar un dinero, por lo que jamás tuvieron bajo su cuidado los fajos de billetes de pesos y dólares.

La Fiscalía militar señala que ni siquiera hay claridad de cuánto dinero llegó a manos de los uniformados y tampoco hay certeza de cómo fue la repartición, por lo que no se sabe el grado de responsabilidad de cada hombre.

La Procuraduría cuestiona que hubo "afán de sentar un precedente ante la indebida actuación de los uniformados", y dice que el hallazgo fue "casual y que en su fuero interno (los acusados) pensaron que era un golpe de suerte, que podían quedarse con él porque no era de nadie y pudo más su avaricia y su codicia".

El Ministerio Público sí considera que hubo delitos, pero afirma que ya pasó el tiempo para juzgar a los eventuales responsables. En su concepto, tendrían que ser juzgados los tres tenientes que tenían la obligación de informar ese hallazgo. Ellos habrían incurrido en el delito de omisión de denuncia, y los soldados en el de receptación -ocultar o encubrir lo obtenido en un delito-.

El abogado Jaime Lombana, que representa a uno de los militares, dijo que si el mismo Estado considera que no existen razones para condenar sino para absolver "no tiene sentido seguir con el juicio".

Hernando Castellanos, defensor de diez de los procesados, agrega que la Juez no solo debe absolver a los uniformados sino que están dadas las condiciones para que recuperen el dinero que devolvieron durante el proceso. Un informe del CTI de la Fiscalía dice que les decomisaron apenas 1.262 millones de pesos, de los más de 40 mil millones que, se supone, estaban en las canecas repletas de pesos y dólares. Solo en el 2008 fue aprobada una ley que estableció que las caletas encontradas en los operativos eran propiedad del Estado.

"Si no hay delito, pues no hay razón para que la plata no sea devuelto a los uniformados", dice el abogado. Y agrega que ya se contempla la posibilidad de que sus clientes pasen del banquillo de los acusados a demandar a la Nación.

Desde que se inició la investigación, empezó a perderse el rastro de los acusados. En el inicio del juicio, en noviembre del 2003, estuvieron en Tolemaida apenas 55, y el total de presos nunca subió de 61. Todos quedaron en libertad cuando el Tribunal Militar tumbó, por violaciones al debido proceso, las condenas de entre seis y diez años de cárcel inicialmente proferidas.

En este tiempo, 12 de los implicados murieron y al menos 15 salieron del país intentando dejar atrás las acusaciones y a los extorsionistas que los acosaban, persiguiendo las supuestas fortunas conseguidas en la selva. El año pasado, el CTI intentó ubicar a los 147; después de varios meses solo encontró a 80.

Uno de ellos, como lo reveló EL TIEMPO en el 2008, cambió de sexo y ahora aparece como 'dueña' de un local de estética. Eso sí, su nueva condición no le ha impedido llamar cada dos meses a su abogado a preguntar, con distintos acentos, qué ha pasado en el juicio.

Segunda operación

Un empresario del Valle fue quien movió los hilos para la misión que regresó a buscar el resto del tesoro de las Farc. EL TIEMPO reveló en el 2007 que Gustavo Álvarez logró convencer a los generales Reynaldo Castellanos y Pauselino Latorre para que apoyaran la expedición.

50 hombres entre civiles y militares retirados hicieron parte del comando.

La fortuna que no apareció

Aunque durante todo el caso se habló de una guaca de 40.000 millones de pesos, judicialmente solo se probó que los militares sacaron de la selva 1.903 millones.

Peritos del CTI de la Fiscalía tasaron el monto de lo que supuestamente lograron encaletar en sus morrales de campaña. Sumando el dinero que entregaron o que les decomisaron y el que reconocieron que sacaron de la selva la cifra no alcanza los dos mil millones de pesos. Allí aparecen contabilizados, entre otros exóticos gastos, como los 30 millones que pagó un soldado en un prostíbulo de Melgar.

Hoy están embargados 1.262 millones de pesos, además de carros, motos, casas y lotes comprados por los militares sin justificar de dónde sacaron el dinero.

SAIR BUITRAGO MEDINA
Redactor de Justicia
saibui@eltiempo.com