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Asesinatos de líderes sociales aumentaron un 45 por ciento

Las zonas del país que más muertes registraron en el 2017 fueron Cauca, Nariño y Antioquia.

En relación con el 2016, cuando se registraron 117 homicidios, las muertes se incrementaron en un 45,29 por ciento el año pasado.

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Johan López /Archivo EL TIEMPO

Colombia cerró el 2017 con 170 muertes de líderes sociales y defensores de paz, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

En relación con el 2016, cuando se registraron 117 homicidios, las muertes se incrementaron en un 45,29 por ciento el año pasado: fue como si, en promedio, asesinaran a un líder cada 2,1 días.

Cauca (32), Nariño (28), Antioquia (23), Valle (14) y Chocó (12) fueron las zonas del país que más asesinatos registraron.

“El incremento en los homicidios obedece a dos conflictos: el territorial y el de los recursos. Este último hace referencia a temas de renta en la minería ilegal y en los cultivos ilícitos”, aseguró Camilo González Posso, director de Indepaz.

En Cauca, Nariño y Chocó son más evidentes los conflictos territoriales, mientras que los relacionados con minería ilegal se registran más en el Bajo Cauca, según González Posso.

“La mayoría de los asesinatos se consumaron utilizando sicarios, con armas de fuego y en zonas donde, anteriormente, las Farc habían impuesto una regulación desde su poderío”, agregó el directivo.

Leonardo González, coordinador de la Unidad Investigativa de Indepaz, afirmó que, en muchos territorios, la salida de las Farc influyó en el aumento de las muertes.

“A esos lugares que dejó la exguerrilla han llegado otros actores, como paramilitares y el Eln, a copar territorios, y lo han hecho desde la fuerza”, manifestó.

González dijo que los líderes están en alerta máxima, ya que al trabajo que hacen en defensa de los territorios deben sumarle una defensa de sus vidas.

Estamos teniendo una transición de un estado de guerra, de muchos años, a un momento de paz, y ahora es cuando más hay que tener cuidado para no volver a una nueva guerra

“Estamos teniendo una transición de un estado de guerra, de muchos años, a un momento de paz, y ahora es cuando más hay que tener cuidado para no volver a una nueva guerra. Hay que fortalecer la democracia”, puntualizó.

Tanto el director como el coordinador coincidieron en que lo necesario para lograr una normalización en los territorios es una alianza con las comunidades.


Creen que brindar seguridad individual a los líderes no funciona, porque “los han matado con chalecos y hasta con escoltas”, y que lo que realmente le hace falta al Gobierno Nacional es escuchar las luchas de los colectivos para tenderles una mano.

En cuanto a los cultivos ilícitos, Ancízar Barrios, miembro de la Comisión Política de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Hoja de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), manifestó que el riesgo en el que viven es evidente y que al Gobierno le ha faltado atender a los líderes.

El dirigente señaló que la estrategia de erradicación forzada de cultivos ha sido violenta, por el “afán de entregar resultados”
, y que la política de sustitución no muestra muchos avances.

“Queremos una transformación real. Los líderes que estamos a favor del proceso de paz y que queremos sustitución de cultivos de forma concertada y participativa somos quienes nos hemos apoderado de esos trabajos, muy por encima del Gobierno”, aseveró Barrios.

Antes de finalizar el 2017, el Gobierno emitió el decreto 2252, en el cual dice que los “primeros respondientes” de líderes y defensores serán las gobernaciones y las alcaldías.

Las administraciones deberán crear mecanismos para “evitar consumación de situaciones de riesgo que afecten” a los líderes y defensores
. Además, tendrán que promover el desarme voluntario y el rechazo del uso de armas.

Frente a esto, Édgar Insandará, secretario de Gobierno de Nariño, dijo que el Estado es el que debe garantizar la vida de las personas y que la Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene muchas falencias “que deben fortalecerse en esta época de posconflicto, en la que hay muchos líderes amenazados”.

“Nosotros seguimos la ruta y hacemos las denuncias, pero no hemos encontrado una respuesta efectiva del Estado,
y así es muy difícil decir que las personas están protegidas”, declaró Insandará, al tiempo que dejó claro que hay que establecer unos parámetros para identificar quiénes son realmente los líderes sociales.

“Hay que identificar quién es y quién no es un líder. Con eso se podrían agilizar las ayudas para todo aquel que lo necesite”, añadió.

En el caso del Cauca, para el 2018, la Gobernación del departamento, a través de la Secretaría de Gobierno y Participación, impulsará una estrategia de protección y garantía de derechos basada en dos componentes: la coordinación interinstitucional y el diálogo permanente con los líderes sociales.

Según Maribel Perafán, la secretaria de Gobierno, la idea es prevenir más muertes de líderes y esclarecer los crímenes.

La funcionaria agregó que todos los casos reportados por las organizaciones sociales entre el 2016 y el 2017 se encuentran priorizados para ser investigados, con seguimiento de las mismas organizaciones, la Defensoría del Pueblo y las autoridades departamentales.

“Es necesario mencionar que la protección de los líderes sociales y las comunidades debe estar acompañada de una serie de medidas con las que la institucionalidad debe comprometerse para darles seguridad. La situación es preocupante y se hace necesario trazar medidas de protección policial y política”, indicó la secretaria Perafán.

Mientras que Modesto Serna, asesor de Paz de la Gobernación de Chocó, manifestó que los líderes y defensores no tienen garantías, dado que a los sitios de donde salieron las Farc no ha llegado la Fuerza Pública sino el Eln y las bandas criminales. “No podemos autoengañarnos”.

Según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, las autoridades han establecido que al menos el 35 por ciento de los homicidios de líderes sociales se han perpetrado por asuntos personales.

En el mismo sentido, Villegas ha señalado que no existe sistematicidad detrás de los asesinatos, pero insiste en que esas muertes son “absolutamente inaceptables”, por lo que se han priorizado las investigaciones en esos casos.

Amazonas, Boyacá, Cundinamarca, Guainía, Quindío, San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada fueron las ocho zonas del país en las que no se registraron muertes de líderes durante el 2017. Para Jhon Jairo Salinas, coordinador en Quindío de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz), denunciar oportunamente es clave.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó al Consejo de Seguridad del organismo sobre la inseguridad en algunas zonas de Colombia afectadas por el conflicto y dejó en evidencia la preocupación por el incremento en el número de líderes sociales asesinados.

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